Mundo

Elecciones europeas: algunas cuestiones cruciales

© christian-lue / Unsplash

Introducción

Las elecciones europeas de 2024 tendrán lugar del jueves 6 al domingo 9 de junio, días en los que los ciudadanos de los Estados miembros de la UE están llamados a elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. En un año caracterizado por la celebración de elecciones en muchos países clave -Estados Unidos, Brasil, India, Indonesia, Pakistán, por citar sólo algunos-, las elecciones europeas pueden ser una excepción, ya que no son nacionales, pero desde luego no son las menos importantes. De hecho, casi 400 millones de ciudadanos europeos tienen derecho a voto. Esto hace que estas elecciones sean las segundas del mundo, sólo por detrás de las elecciones federales indias, en términos de democracia representativa. En la medida en que influyen en las políticas de la UE, su impacto es global: aunque la UE ya no es la potencia económica que fue, sigue perteneciendo, junto con Estados Unidos y China, a un grupo muy selecto de actores que definen la política mundial.

Las elecciones europeas también son únicas porque en ellas participan distintos países con historias, tradiciones y lenguas muy diferentes. Movilizan a decenas, si no centenares, de partidos políticos a escala nacional, que ofrecen sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Afectan a un sistema supranacional que vincula a los Estados-nación en una red de instituciones y obligaciones comunes, para componer un dispositivo que sigue siendo casi único.

No se pretende aquí ofrecer una visión exhaustiva de todo lo que está en juego en las elecciones europeas de 2024. Evidentemente, unas pocas páginas no bastarían. Se trata más bien de presentar algunos de los desafíos a los que se enfrentan estas elecciones, poner de relieve sus posibles repercusiones e identificar algunas cuestiones esenciales para la Europa de hoy, desde una perspectiva católica.

¿Qué votan exactamente los europeos?

En primer lugar, ¿qué pueden decidir los electores europeos con su voto? Es una pregunta importante, ya que las consecuencias del voto de los ciudadanos varían mucho según el sistema democrático en el que se emita. La arquitectura europea se basa básicamente en un sistema de tres actores. El primero, el Consejo Europeo, reúne a los representantes de los Estados miembros (ministros o jefes de gobierno, según el caso). Es, al mismo tiempo, una institución que funciona, en cierto sentido, de manera similar a un presidente dotado de poderes – establece orientaciones, encuentra compromisos, etc. – y a una cámara alta, que comparte el poder legislativo en pie de igualdad con el Parlamento. Es la institución menos afectada por las elecciones europeas. Su legitimidad procede de las elecciones nacionales, no de las de la UE, y su equilibrio político puede ser muy diferente del parlamentario. De hecho, el Partido Popular Europeo – que actualmente es el grupo más numeroso en el Parlamento – no tiene mucho poder a nivel nacional, especialmente en los países grandes. Para el Consejo, las elecciones europeas son, en el mejor de los casos, un indicador del estado de ánimo de la población, percibido desde una perspectiva nacional.

Podemos entender la Comisión Europea como el órgano administrativo de la UE, aunque está dotada de poderes normalmente reservados a un gobierno en un contexto nacional. La Comisión elabora propuestas legislativas, ayuda a negociar su adopción por el Consejo y el Parlamento y luego las aplica, también mediante la promulgación de legislación derivada por delegación. Debe ser un actor independiente y garante de los tratados. Esta neutralidad no se consigue dirigiéndola enteramente por personalidades apolíticas, sino seleccionando a personalidades políticas diversas – en términos de nacionalidad y de procedencia política – que son ubicadas al frente de las áreas políticas de la Comisión, a través de un proceso en el que participan los Estados miembros, el futuro jefe de la Comisión y el Consejo.

La Comisión se ve afectada solo en cierta medida por las elecciones europeas. Una vez seleccionados, los posibles comisarios son examinados por el Parlamento, que vota a continuación si acepta la Comisión que se ha compuesto. En la práctica, esto da al Parlamento la opción de rechazar a los candidatos. Esto dista mucho de constituir una selección directa de los comisarios mediante votación popular pero, por otro lado, garantiza un equilibrio entre la legitimidad del Consejo y la del Parlamento, en lo que respecta a la constitución de la Comisión.

En cuanto al Presidente de la Comisión, las cosas son ligeramente diferentes. En vísperas de las elecciones de 2014, surgió la idea de dar más peso democrático a este cargo, según el sistema spitzenkandidat. ¿En qué consiste? Los partidos políticos europeos presentan un candidato para encabezar su campaña y, llegado el momento, el Consejo designa Presidente de la Comisión al candidato del partido con más escaños. Así ocurrió con la Comisión Juncker en 2014. Sin embargo, los Estados miembros, poco convencidos del tenor democrático de esa modalidad y menos aún de Manfred Weber, entonces candidato del Partido Popular Europeo (PPE), dejaron de lado más tarde esta práctica en 2019, para elegir en su lugar a Ursula von der Leyen (compatriota y del mismo partido que Weber).

Inscríbete a la newsletter

Cada viernes recibirás nuestros artículos gratuitamente en tu correo electrónico.

En teoría, el sistema spitzenkandidat se ha recuperado para 2024, pero a medias. Ninguna formación política puede esperar de forma realista destronar al PPE como partido líder en el Parlamento. A su vez, el PPE, sabedor de que no tiene puntos de referencia en las capitales nacionales, volvió a elegir a von der Leyen como candidata – en una votación bastante decepcionante – no tanto porque encarne la línea actual del partido, sino más bien porque los Estados miembros la consideran aceptable.

El tercer y último actor principal de la UE es el Parlamento. Es, por supuesto, el más estrechamente vinculado a las elecciones, que determinan directamente su composición. En las últimas décadas, especialmente desde el Tratado de Lisboa, ha demostrado ser un verdadero contrapeso al Consejo. En el marco del procedimiento legislativo ordinario, que hoy es la forma más común de adopción de las leyes europeas, los textos son propuestos por la Comisión. Tras un periodo de negociaciones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, conocido como «diálogo tripartito», los proyectos, una vez aprobados, son adoptados tanto por el Parlamento como por el Consejo. Dado que la mayoría de las veces los textos son ratificados también por mayorías cualificadas en el Consejo, el Parlamento tiene más margen de maniobra en las negociaciones, ya que no se enfrenta a la tarea, a menudo imposible, de contentar a todos los países. Además de su función legislativa, tiene voz en el presupuesto de la UE y supervisa el trabajo de la Comisión. También funciona como lugar de influencia, donde los eurodiputados – los miembros del Parlamento Europeo – intentan llamar la atención tanto del público en general como de los responsables políticos sobre diversas cuestiones mediante mociones y declaraciones.

Los últimos sondeos dan una idea de la dirección que tomará el Parlamento en 2024. Los demócrata-cristianos (Partido Popular Europeo) deberían mantener más o menos sus escaños y seguir siendo el grupo más numeroso del Parlamento. Los socialistas (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, S&D) podrían bajar ligeramente, pero esto no les impedirá mantener su posición de segunda fuerza. Es probable que los centristas-liberales (Renew Europe) sufran una caída más notable, pasando del tercer al cuarto puesto. Una suerte similar podrían correr los dos grupos más pequeños: los ecologistas (Verdes-Alianza Libre Europea) y la formación de izquierda radical (La Izquierda). Mientras tanto, los conservadores euroescépticos (Conservadores y Reformistas Europeos, ECR) y los euroescépticos de extrema derecha (Identidad y Democracia, ID), subirían con fuerza, hasta el punto de ocupar el tercer puesto, arrebatándoselo a Renew.

Estos acontecimientos podrían provocar un giro significativo a la derecha en el Parlamento. Hasta ahora, la coalición centrista (PPE+S&D+Renew) se ha mantenido unida en muchas cuestiones fundamentales, como el presupuesto, los asuntos económicos y monetarios, los asuntos exteriores o el mercado interior. En ocasiones, se vio superada por una coalición de centro-izquierda (Izquierda+Verdes+S&D+Renew), especialmente en materia de libertades civiles, asuntos sociales o medio ambiente. También existía la posibilidad de una coalición de centro-derecha (Renew+PPE+ECR+algún ID), especialmente en agricultura, política industrial y comercio. Evidentemente, se trata de una imagen muy simplificada, porque la disciplina de grupo no es tan rígida como en las asambleas nacionales y no tiene en cuenta a los partidos no alineados[1].

El gran cambio se producirá en la imposibilidad numérica de una coalición de centro-izquierda. Esto dará al Partido Popular Europeo un gran poder para influir en el cambio hacia normas medioambientales menos vinculantes o políticas migratorias más estrictas. El PPE tendrá la posibilidad de exigir textos a su gusto en el marco de una coalición centrista, o de empujar estas cuestiones hacia una coalición de centro-derecha. En cuanto a los partidos populistas y de extrema derecha, ejercerán un atractivo mucho mayor a la hora de convencer al PPE para formar una coalición.

Concepciones divergentes del proyecto europeo

Pasemos ahora a las cuestiones clave que están en juego en las elecciones de 2024. Hay una primera línea divisoria entre los partidos que apoyan la prosecución de una mayor integración europea y los que están convencidos de que la integración ya ha ido demasiado lejos y debe frenarse, si no reducirse – o incluso reducirse a cero – para preservar la soberanía de los Estados.

La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE) se ha pronunciado al respecto. Reflexionando sobre los orígenes del proyecto de integración europea, los obispos de la COMECE afirman, en términos inequívocos, que creen «que para nosotros, europeos, este proyecto, iniciado hace más de setenta años, debe ser apoyado y continuado»[2]. También piden a los cristianos que voten a «personas y partidos que apoyen claramente el proyecto europeo y que creamos razonablemente que promoverán nuestros valores y nuestra idea de Europa, como el respeto y la promoción de la dignidad de toda persona humana, la solidaridad, la igualdad, la familia y el carácter sagrado de la vida, la democracia, la libertad, la subsidiariedad y la salvaguardia de nuestra “casa común”».

La declaración de COMECE se basa en la convicción de que el proyecto de integración europea está trayendo efectivamente paz, libertad y prosperidad a nuestro continente y sigue promoviendo los ideales de comunidad y dignidad de la persona humana que inspiraron a sus padres fundadores, muchos de los cuales eran cristianos. Aunque no es perfecta, la UE consigue reunir en torno a la mesa a muchos países que de otro modo podrían considerarse competidores. Cualquier intento de debilitar los mecanismos que unen a los Estados europeos podría empujarlos hacia una dinámica centrífuga. Una visión lúcida de la historia europea y de la situación actual demuestra que la buena voluntad por sí sola no basta.

Además, puede afirmarse que la integración europea se inscribe plenamente en una mejor comprensión del principio de subsidiariedad. En la doctrina social católica, la subsidiariedad no es sólo un principio legalista relativo al reparto del poder, sino un mandato positivo, válido a cualquier nivel del poder político, de potenciar activamente a todos los actores que se le confían: familias, organizaciones de la sociedad civil, entidades económicas y políticas o territorios. No se trata de preservar el poder de alguien, sino de compartirlo, al servicio del bien común. Al abrir sus fronteras, la UE también ha abierto oportunidades de cooperación transfronteriza y ha dado a muchos ciudadanos, organizaciones y empresas la posibilidad de trabajar en red o aprovechar oportunidades que hasta ahora su propio sistema nacional había mantenido fuera de su alcance.

La soberanía de los Estados tampoco es un ídolo. Al tiempo que reconoce la importancia de preservar el patrimonio cultural y espiritual de las naciones y subraya la necesidad de un Estado bien ordenado que sepa salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos, la doctrina social católica no duda en transferir competencias a entidades supranacionales cuando surge la necesidad, especialmente cuando los países se han vinculado libremente a ellas. La exhortación apostólica Laudate Deum ofrece un ejemplo reciente de este punto de vista, ya que pide explícitamente la creación de mecanismos de aplicación, incluidas sanciones, para salvaguardar la eficacia de los compromisos internacionales sobre el clima. Esto es aún más cierto cuando el nivel supranacional se dota de sus propias estructuras democráticas.

Relación con los valores cristianos

La actitud que los partidos presentan respecto a la herencia cristiana de Europa es también una cuestión desafiante, que invita a los votantes a un juicio prudente. Por un lado, algunos partidos han elevado la identidad cristiana a bandera de combate. Hay que evaluar, mediante un escrutinio cuidadoso, si tales referencias se exhiben con sinceridad y rectas intenciones. En particular, hay que examinar si los valores cristianos se promueven prestando atención al marco más amplio de la doctrina social católica, incluidos los valores de compasión y atención a los vulnerables, o si se apoyan selectivamente sólo en la medida en que contribuyen a propugnar un sistema de identidad nacional, a crear división entre grupos o a garantizar que se exploten elementos culturalmente sensibles en beneficio político. Si este fuera el caso, cabría preguntarse si el partido que hace tales referencias busca realmente el bien común o si no está simplemente instrumentalizando el cristianismo para sus intereses particulares.

Por ello, un comunicado elaborado por COMECE, junto con instituciones representativas protestantes y ortodoxas europeas[3], señalaba que «el miedo motiva a algunos [votantes] a buscar soluciones y apoyo espiritual en una versión objetivada e instrumentalizada de la tradición, a veces disfrazada de apelación a los “valores tradicionales”. En tales casos, los conceptos de “patria” y “religión” se utilizan como armas». En consecuencia, la declaración llama a «combatir la instrumentalización de los valores cristianos por intereses políticos y desde la perspectiva de las narrativas étnico-raciales».

Al mismo tiempo, «la Unión Europea no es perfecta y […] muchas de sus propuestas políticas y legislativas no están en línea con los valores cristianos y las expectativas de muchos de sus ciudadanos», reconoce el comunicado del COMECE. La declaración conjunta de las Iglesias subraya también que «una gran parte de los ciudadanos que miran con confianza el futuro europeo a través del prisma de los valores cristianos […] se sienten ahora marginados, al no tener la posibilidad de expresar sus posiciones y opiniones de forma autónoma y distinta. También observamos la exclusión de toda referencia adecuada a los valores cristianos en los textos pertinentes de la UE». De hecho, muchos partidos y políticos se muestran cautelosos a la hora de que se les asocie con instituciones religiosas. Incluso en los círculos europeos se suele mirar con recelo cuando se trata con instituciones confesionales, especialmente cuando se trata del desarrollo de normas sociales en el ámbito de la sexualidad, la ética y la igualdad de género.

En este punto, sin embargo, la solución no puede venir de entablar una guerra cultural. Probablemente sería un esfuerzo inútil y destructivo. Los representantes de las principales confesiones cristianas de Europa hacen un llamamiento al diálogo, no a la guerra. Para ello es necesario que los políticos europeos reconozcan la importancia de su herencia cristiana. También es necesario transformar el modo en que se lleva a cabo el diálogo entre las iglesias, las instituciones y los partidos políticos, de modo que las perspectivas cristianas puedan ser escuchadas y consideradas con equidad, tal como estipula el artículo 17 del Tratado de la UE. Los políticos que Europa necesita con más urgencia no son los que se proclaman defensores acérrimos de la tradición: son más bien los que están dispuestos a entablar de buena fe y con buena voluntad un diálogo con las Iglesias y la sociedad civil, en busca de soluciones políticas que estén en la línea del mayor bien común.

Ecología y cambio climático

La protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático son probablemente dos de los temas más controvertidos de esta campaña electoral. En los últimos meses hemos asistido al desmoronamiento, o incluso al retroceso, de las políticas del Green Deal (destinada a preparar a Europa para la transición climática) y de la Estrategia Farm to fork (encaminada a llevar la agricultura a una perspectiva más sostenible). Los proyectos de ley que antes parecían tener bastantes posibilidades de ser aprobados han sido fuertemente reducidos, cuando no furtivamente archivados. Las narrativas tóxicas se han abierto paso en el discurso político, principalmente la que explotan los partidos populistas en toda Europa, a saber, la ola de reacción popular contra las políticas «verdes» y la oposición de las poblaciones a todo lo que suponga costes adicionales, intente imponer un comportamiento particular o simplemente parezca «punitivo».

Otra narrativa se opone a la protección del medio ambiente y a la capacidad de financiar la transición a la energía verde. Según este punto de vista, una reglamentación medioambiental excesiva sobrecarga la economía, haciendo que las empresas europeas no puedan competir con las estadounidenses y chinas. Y si la economía es débil, los recursos fiscales serán insuficientes para financiar la transición a la energía verde. Una narrativa similar es que los agricultores europeos están sobrecargados de obligaciones ecológicas y, por tanto, son incapaces de cubrir sus costes y competir en el mercado mundial. Otra más es que la sobreprotección del medio ambiente entra en conflicto con la necesidad de extraer más minerales para alimentar la transición hacia el carbono cero.

Aunque en el fondo de cada una de estas narrativas hay cuestiones reales, la forma en que se enmarcan tiende a llevar a las mismas conclusiones erróneas: los objetivos o compromisos ecológicos deben reducirse por ser indeseables y contraproducentes. En su lugar, hay que fomentar el buen comportamiento con incentivos financieros, iniciativas privadas e innovación tecnológica. De hecho, la admonición del Papa Francisco en Laudate Deum suena más pertinente que nunca: «corremos el riesgo de quedarnos encerrados en la lógica de emparchar, colocar remiendos, atar con alambre, mientras por lo bajo avanza un proceso de deterioro que continuamos alimentando. Suponer que cualquier problema futuro podrá ser resuelto con nuevas intervenciones técnicas es un pragmatismo homicida, como patear hacia adelante una bola de nieve»[4].

A la luz de la ecología integral promovida por el reciente Magisterio y en consonancia con las advertencias científicas, los votantes deberían considerar la seriedad con que los distintos partidos políticos se ocupan de nuestra casa común. Ante la urgencia de contrarrestar la degradación de nuestro Planeta, no basta con priorizar el crecimiento económico como salida a la crisis. Como mínimo, los partidos políticos deben presentar alternativas creíbles a las leyes y políticas que denuncian.

Frente a las narrativas anteriores, cabe plantearse las siguientes preguntas: si las políticas para cambiar el estilo de vida insostenible de la mayoría de los europeos son impopulares, ¿cómo pueden diseñarse mejor y distribuir mejor los costes? ¿Es la transición a la energía verde un cambio puramente técnico en nuestra producción energética, o más bien nos da la oportunidad de cuestionar lo que producimos y consumimos? ¿Puede salvarse realmente la agricultura europea eliminando algunas limitaciones medioambientales, o es necesario un replanteamiento más global para que pueda resistir el futuro cambio climático?

Trayectoria económica y cohesión social

Según un sondeo de Ipsos realizado para Euronews[5], cuatro de cada cinco prioridades señaladas por los ciudadanos europeos son de carácter económico: encontrar soluciones adecuadas contra la subida de precios; reducir las desigualdades sociales; apoyar el crecimiento económico; y luchar contra el desempleo. La quinta es la lucha contra la inmigración ilegal.

En los círculos europeos existe un sentimiento de autocomplacencia por la forma en que la UE afrontó la recuperación de la pandemia y la rapidez con que controló la crisis energética tras la invasión de Ucrania. De hecho, se adoptaron soluciones antes inimaginables, como el fondo NextGenerationEu, que permitió a la Comisión pedir prestado directamente a los mercados lo necesario para financiar proyectos de recuperación de la pandemia en los Estados miembros de la UE. Aunque la forma en que la Unión financiará esa deuda en la práctica sigue siendo una incógnita, esa solidaridad en la deuda, que hasta entonces era tabú, ha sido reconocida como símbolo de la unidad europea. Esta visión positiva de la acción de la UE quedó muy reflejada en el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado por la Presidenta von der Leyen en septiembre de 2023, en el que destacó los logros de la Comisión sin reconocer la persistente crisis del coste de la vida.

En los últimos meses, el ambiente se ha agriado a medida que los políticos han puesto de manifiesto la discrepancia entre ese discurso y el sentir popular. Han crecido las críticas sobre el retraso de la UE con respecto a EE.UU. en términos de innovación, incapacidad para competir y competencia desleal que amenaza la prosperidad de Europa. Surgió la idea de que Europa podría no beneficiarse de la transición limpia, ya que el mercado de paneles solares y coches eléctricos se ve amenazado por la producción china. El exceso de regulación, la falta de flexibilidad y las limitaciones ecológicas se mencionaron regularmente como las causas que obstaculizan el crecimiento y la competitividad.

El mandato de la Unión Europea es promover la prosperidad entre sus miembros. Por lo tanto, no sólo es legítimo, sino también necesario que el próximo Parlamento aborde cuestiones económicas. Sin embargo, es igualmente necesario que se garantice un justo equilibrio entre desarrollo, sostenibilidad y derechos sociales y humanos. El destino de la directiva europea sobre el due diligence en materia de sostenibilidad empresarial es un ejemplo de lo que está en juego. El texto pretendía fomentar la responsabilidad corporativa obligando a las empresas a identificar y abordar las amenazas a los derechos humanos y al medio ambiente en su cadena de suministro. El 15 de marzo, en nombre de la competitividad, el Consejo decidió dar marcha atrás respecto a lo acordado previamente con el Parlamento y restringir severamente el ámbito de aplicación de la ley: sólo se aplicaría a las empresas más grandes, y aspectos clave de la cadena de suministro – por ejemplo, el reciclaje – desaparecieron del texto.

Los votantes tendrán que evaluar cuidadosamente qué partido ofrece el equilibrio adecuado en su contexto nacional. Aunque el mandato directo de Europa en materia social es limitado en comparación con las palancas que aún están en manos de cada nación, sigue habiendo cuestiones sobre las que el próximo Parlamento puede actuar, como señala Cáritas Europa en su Memorándum Electoral[6]: «Unos ingresos mínimos adecuados, cuidados a largo plazo y centrados en la persona, apoyo a la infancia y la familia, mejor acceso a los derechos laborales, acceso a una vivienda adecuada y asequible, condiciones laborales dignas, también para el personal sanitario, y no discriminación», en línea con los 20 principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Migración

En un discurso pronunciado en Marsella en 2023, el Papa Francisco hizo un llamado urgente a Europa: «A los inmigrantes se les acoge, se les protege o se les acompaña, se les promueve y se les integra. Si no se logra llegar hasta el final, el inmigrante termina en la órbita de la sociedad. Acogido, acompañado, promovido e integrado: éste sería el estilo. No es fácil, en efecto, adquirir este estilo o integrar a las personas no deseadas están a la vista de todos, pero el criterio principal no puede ser la conservación del propio bienestar, sino la salvaguardia de la dignidad humana»[7]. Lamentablemente, el tono actual de la campaña electoral no va en esa dirección. A menudo, los migrantes son presentados como algo de lo que hay que protegerse, en lugar de ser vistos como personas dignas de protección.

Dona

APOYA A LACIVILTACATTOLICA.ES

Queremos garantizar información de calidad incluso online. Con tu contribución podremos mantener el sitio de La Civiltà Cattolica libre y accesible para todos.

En diciembre pasado, las instituciones europeas alcanzaron un acuerdo sobre un nuevo pacto migratorio, que tiende a una fuerte intensificación de las políticas fronterizas (incluida la normalización de la detención) y la transferencia de responsabilidades de protección a terceros países a cambio de mejoras limitadas en la solidaridad entre los Estados europeos. Este pacto migratorio ha sido duramente criticado por muchos observadores, incluidas muchas ONG cristianas. En una declaración conjunta de más de 50 organizaciones, incluida Caritas y el Jesuit Refugee Service, se afirmó que el pacto sobre migración «normalizará el uso arbitrario de la detención para inmigrantes, incluso para niños y familias, aumentará la discriminación racial, utilizará procedimientos de “crisis” para permitir las expulsiones y devolver a las personas a los llamados “terceros países seguros”, donde corren riesgo de violencia, tortura y detención arbitraria»[8]. A pesar de ello, las posiciones se están desplazando aún más hacia políticas más represivas. Un ejemplo claro se encuentra en el manifiesto del PPE, donde se sugiere la adopción de un sistema de terceros países seguros similar a la «solución ruandesa» promovida por los conservadores en el Reino Unido.

Considerando que la UE tiene amplias competencias en el ámbito de la migración y el asilo, el papel del Parlamento en perfeccionar y, esperemos, humanizar las políticas europeas será decisivo. Por lo tanto, es necesario prestar atención a cómo evalúan los partidos políticos la migración. Las legítimas preocupaciones por la situación económica no pueden ser utilizadas como justificación para vulnerar la dignidad de una persona. La migración ciertamente conlleva muchos problemas y puede ejercer presión social y económica sobre las prósperas sociedades de destino que no pueden ser ignoradas. Sin embargo, los migrantes, como personas, no pueden ser utilizados como chivos expiatorios.

La atención también debería dirigirse a las causas profundas de la migración. Las propuestas realizadas por los partidos políticos sobre cómo hacer más equitativo el sistema comercial internacional, cómo mejorar la ayuda al desarrollo, cómo mediar en los conflictos o abordar el cambio climático, no pueden separarse de la realidad de los migrantes que llegan a las puertas de Europa. Esta no puede ni esperar ni aspirar a aislarse de su entorno y de sus responsabilidades internacionales.

Guerra en Ucrania y paz en Europa

Es imposible hablar de las elecciones europeas sin mencionar la guerra en Ucrania. Para Europa, este conflicto es un momento decisivo. A más de dos años desde el inicio de la agresión contra Ucrania, la evaluación realizada por el entonces presidente de la COMECE, el cardenal Jean-Claude Hollerich, en el primer aniversario de la guerra, sigue siendo relevante, ya que destacó «los incansables esfuerzos de los líderes europeos para proporcionar a Ucrania apoyo humanitario, financiero, político y militar adecuado y proporcionado. Su pueblo tiene derecho a defenderse de la brutal e injustificada agresión militar para vivir una vida animada por la dignidad, seguridad y libertad en su país independiente y soberano. Alentamos firmemente a los líderes europeos a mantener su unidad en solidaridad con Ucrania durante y también después de la guerra, sin ceder ante el cansancio o la indiferencia»[9].

Si la búsqueda de la paz debe ser el objetivo final de todas las políticas relacionadas con Ucrania, esta paz debe ser duradera. Además, por una cuestión de principio, solo la sociedad ucraniana debería determinar su propio futuro, de manera que se respeten todos sus miembros en sus particularidades, sin estar sujetos a asimilación forzada por parte de los vecinos. Por lo tanto, no existe ninguna oposición entre la política que permite a Ucrania resistir la agresión y el deseo de paz.

No parece por el momento que la advertencia expresada por el cardenal Hollerich, es decir, que el apoyo militar sea proporcionado, corra algún peligro concreto de ser desatendido. Más bien, en este punto la preocupación debería ser si el apoyo dado a Ucrania es realmente adecuado, dado que la fatiga se está haciendo sentir efectivamente. Los líderes europeos se han comprometido a apoyar a Ucrania todo el tiempo y en la medida que sea necesario.

Esto no significa que no haya preocupaciones que tener en cuenta. El desplazamiento de Europa hacia el rearme, con mayores gastos militares y esfuerzos crecientes para coordinar mejor estos propósitos a nivel de la UE, puede ser justificado, siempre que esté efectivamente orientado a la autodefensa y la autonomía estratégica, y adecuadamente calibrado con respecto a las amenazas que Europa enfrenta. Al mismo tiempo, no debería convertirse en una carrera armamentista, para no suscitar profecías de conflicto auto cumplidas. Los personajes públicos deberían prestar atención para no ceder a poses teatrales que exacerben tensiones y miedos.

Más en general, la forma en que los partidos políticos se posicionan frente a Ucrania revela una concepción más amplia del proyecto europeo. Se puede aceptar la invasión de ese país como un hecho, en un sistema internacional dominado por el poder, ya sea económico o militar. En esta perspectiva, la Unión no es más que un intento de proteger los intereses de los «miembros del club» y, también en este caso, los intereses nacionales deben preservarse ante todo.

Desde la perspectiva opuesta, enfatizando la necesidad de apoyar a Ucrania, la Unión Europea puede ser vista como un área de prosperidad, democracia y respeto de los derechos humanos en lenta expansión. Este es un objetivo loable y ciertamente es la forma en que la UE quiere presentarse. También es una meta difícil, que nos plantea muchos debates, errores y controversias. ¿Qué países deberían ser admitidos en la UE? ¿Qué impacto tendrán las futuras expansiones en la posición política y el bienestar económico de los actuales Estados miembros? ¿Cuánto tiempo puede esperar razonablemente un país antes de unirse? ¿Cómo podemos preservar la cohesión política, social y económica de la UE si admitimos países más pobres? Ninguna de estas preguntas tiene respuestas fáciles, especialmente cuando se trata de países vastos como Ucrania. Probablemente, algunas de estas cuestiones aún quedan pendientes, después de la ampliación de la UE a los países de Europa central y oriental.

En cada país, los votantes deberán evaluar cuidadosamente en quién confían para representarlos en el abordaje de estas cuestiones. Aunque el Parlamento Europeo no tendrá un papel principal en muchas de estas áreas (la defensa y la ampliación están dentro de las competencias del Consejo), seguramente el estado de ánimo capturado por las elecciones influirá fuertemente en cómo los políticos nacionales y los de la UE abordarán las decisiones futuras.

Conclusión

No existe un partido o candidato perfecto por el cual votar. La realidad política en la mayoría de los países europeos, al igual que la situación de la Iglesia en la mayoría de las sociedades europeas, hace que casi todas las opciones deban ser un compromiso. Pero se deben tomar decisiones. Los cristianos no pueden renunciar a su lugar legítimo en el proceso democrático. Corresponde a cada uno evaluar conscientemente, después de una información y reflexión adecuadas, cómo su voto puede promover mejor el bien común y los valores cristianos a nivel europeo.

  1. Para un análisis en profundidad de la cuestión, cf. https://ecfr.eu/publication/a-sharp-right-turn-a-forecast-for-the-2024-european-parliament-elections/
  2. «COMECE llama al voto responsable en elecciones europeas», Vatican News, https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2024-03/barrios-prieto-entrevista-deckaracion-elecciones-europeas-2024.html
  3. Cf. Churches affirm their role in shaping Europe’s future ahead of EU elections, 20 de marzo de 2024, en www.comece.eu/churches-affirm-their-role-in-shaping-europes-future-ahead-of-eu-elections/
  4. Francisco, Exhortación apostólica Laudate Deum, n. 57.
  5. Cf. Rising prices and social inequality could decide the European elections: Exclusive poll, 23 de marzo de 2024 (www.euronews.com/business/2024/03/23/rising-prices-and-social-inequality-could-decide-the-european-elections-exclusive-poll).
  6. Caritas Europa, A social Europe championing solidarity and global justice, 20 de abril de 2023 (www.caritas.eu/european-elections-2024).
  7. Francisco, Discurso en la sesión final de los «Rencontres Méditerranéennes», 23 de septiembre de 2023.
  8. An open letter to negotiators in the European Commission, the Spanish Presidency of the Council of the European Union, and the European Parliament ahead of the final negotiations on the EU Pact on Migration, 19 de diciembre de 2023 (www.caritas.eu/open-letter-for-better-migration-policies).
  9. One year of war in Ukraine | EU Bishops: «Stop this madness of war!», 23 de febrero de 2023 (www.comece.eu/one-year-of-war-in-ukraine-eu-bishops-stop-this-madness-of-war).
Benoît Willemaers
Es el Secretario de Asuntos Europeos del Jesuit European Social Centre (JESC), donde trabaja desde junio de 2023. Se unió a la Compañía de Jesús en Bélgica en 2006 y desde entonces ha trabajado para el Servicio Jesuita a Refugiados-Bélgica, como capellán universitario en la Universidad de Namur y en varios apostolados juveniles y espirituales. Antes de unirse a la Compañía, se graduó de la Universidad de Lieja en Ciencias Políticas y Administración Pública previo a completar una Maestría en Estudios Interdisciplinarios Europeos en el Colegio de Europa en Natolin.

    Comments are closed.