Urge facilitar un acceso universal a la vacuna contra el Covid-19

Durante el año pasado, la pandemia de COVID-19 ha amenazado nuestra salud, ha detenido nuestra economía y ha trastornado nuestras vidas de formas antes inimaginables. Esta castástrofe acontecida ha obligado a la Organización Mundial de la Salud (OMC) a evaluar la situación, encargando esta labor a un panel de expertos presidido por la ex primera ministra de Nueva Zelanda Helen Clark y Ellen Johnson Sirleaf, ex presidenta de Liberia^[1]. En su informe estos expertos afirman que la situación en la que nos encontramos hoy podría haberse evitado. Aseguran que se permitió que el virus SARS-CoV-2 evolucionara hasta convertirse en una «pandemia catastrófica» que ha matado a más de 3,4 millones de personas y devastado la economía mundial. El mundo tendría que haber reaccionado más rápidamente y evitado este descomunal desastre. Denuncian la ausencia de un liderazgo político global. Algunos países «devaluaron y desacreditaron» la ciencia, negando la gravedad de la enfermedad con consecuencias mortales.

En el informe, piden adoptar medidas importantes para poner fin a este drama y garantizar que no pueda volver a suceder. La OMS y la Organización Mundial del Comercio (OMC) deberían reunir a los países productores de vacunas y a los fabricantes para intentar aumentar la producción en todo el mundo, y considerar la exención de la vigencia de las patentes solicitada por los países con menores ingresos. Abogan por una OMS que cuente con mejores recursos. El sistema de alerta actual se ha mostrado demasiado lento y demasiado dócil a los países ricos. En cualquier momento podría surgir un nuevo agente patógeno con potencial pandémico. La OMS debería ser fortalecida para establecer un nuevo sistema de vigilancia basado en la transparencia total, de modo que pueda publicar información sobre pandemias potenciales sin requerir permiso de los gobiernos involucrados y enviar expertos para investigar las amenazas de una pandemia en cualquier país con el menor aviso posible.

La gravedad de la situación pone en cuestión la vigencia de las patentes

Si por una parte los errores cometidos a nivel político, de prevención y de contención, fueron el centro de atención de todos, por otra parte hay que reconocer que el pronto descubrimiento y rápido desarrollo de las vacunas COVID-19 ha sido un logro realmente impresionante. Un resultado extraordinario. Sin embargo, esta hazaña de la ciencia se vio lamentablemente empañada por las limitaciones en el suministro mundial de vacunas y las desigualdades evidenciadas en la distribución.

Hasta el 4 de mayo, menos del 8% de la población mundial había recibido una dosis de cualquier vacuna COVID-19, pero el 80% de la vacunación efectuada había tenido lugar en sólo diez países. La razón no es solo que los países ricos hayan estado comprando todas las dosis disponibles; sino también que simplemente no ha habido suficientes dosis para todos^[2]. Toda la producción de Moderna y más del 96% de la de Pfizer / BioNTech ha sido comprada por países desarrollados, mientras que el suministro de la vacuna de AstraZeneca / Universidad de Oxford se ha enfocado principalmente a Europa. Según estimaciones de la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización (Gavi)^[3] los países desarrollados han adquirido suficientes dosis de las principales vacunas para inmunizar tres veces a sus ciudadanos, mientras que las naciones más pobres pueden considerarse afortunadas si logran administrar una dosis por cada 10 habitantes durante 2021^[4].

Esta escasez fue en gran medida provocada. La producción de vacunas se ha visto limitada por la negativa de las empresas farmacéuticas a compartir conocimientos y tecnología. Aunque las empresas que producen las vacunas aprobadas se han beneficiado de subsidios públicos y de la investigación financiada con fondos públicos, no obstante se han aprovechado de la protección de sus patentes para mantener un poder ologopolico, limitando la producción a sus propias fábricas y a unas pocas empresas a las que han concedido licencias. Según la plataforma de información Devex^[5], los gobiernos han destinado fondos públicos por la astronómica suma de 37.700 millones de dólares a la investigación, el desarrollo, la distribución y la aplicación de vacunas, mientras que el sector privado ha invertido un cuarto de esa cifra: 9.500 millones. Además, no se han hecho públicos los acuerdos de licencias con los países y hay oposición a la propuesta ante la OMC, presentada por la India y Sudáfrica, de eximir del pago de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas mientras dure la pandemia^[6].

Esta salvaguarda de la OMC ya se había activado en el caso del SIDA, gracias a una campaña internacional para poner a disposición tratamientos genéricos que pudieran ser fabricados por más naciones a menor costo. La idea cuenta con el apoyo de unos 100 Estados, pero varios países que albergan a grandes farmacéuticas se resisten.

Ha sido una gran noticia el que el presidente estadounidense, Joe Biden, haya anunciado que su administración se une a esta iniciativa que busca una exención de las reglas de propiedad intelectual (DPI) de la OMC, que han permitido hasta el momento la monopolización de las vacunas. La presión sobre la administración Biden para revertir este bloqueo contraproducente había ido en aumento. Anteriores jefes de Estado y un buen número de premios Nobel se lo habían pedido en estos términos: «Una exención de la OMC es un paso vital y necesario para poner fin a esta pandemia. Debe combinarse con la garantía de que los conocimientos y la tecnología de las vacunas se compartan abiertamente. Esto puede lograrse a través del Fondo Común de Acceso a la Tecnología COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, tal y como ha pedido su Asesor Médico Jefe, el Dr. Anthony Fauci. Esto salvará vidas y nos hará avanzar hacia la inmunidad colectiva mundial»^[7].

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC permite que se tomen medidas contra los países que produzcan un producto o proceso patentado sin el consentimiento del propietario de la patente. Esta amenaza es la razón que llevó a la mayoría de los miembros de la OMC a proponer una exención temporal de los DPI, de las tecnologías necesarias para combatir la pandemia. Lamentablemente, incluso este pequeño paso ha sido bloqueado en el Consejo de los ADPIC de la OMC, porque los países ricos han priorizado los intereses de las grandes empresas farmacéuticas por encima de la salud global^[8]. Queda por ver si con la presión del presidente Biden logran impulsar un acuerdo de la OMC que cree la certeza jurídica que los gobiernos y fabricantes de todo el mundo necesitan para aumentar la producción de vacunas, tratamientos y diagnósticos. Esta exención se hace urgente. El coronavirus campea a sus anchas en toda Sudamérica e India, donde una ruptura casi completa de los servicios de salud sobrecargados está resultando en una pérdida catastrófica de vidas. Además, la rápida propagación del virus ya ha dado lugar a nuevas variantes peligrosas. Es absolutamente necesario vacunar a tantas personas como sea posible antes de que surjan variantes resistentes a las vacunas por el bien de todos.

Las vacunas COVID-19 han sido desarrolladas por científicos de todo el mundo, gracias a la ciencia básica respaldada por numerosos gobiernos. De hecho, la tecnología fundamental utilizada para la vacuna Moderna se financió en asociación con los Institutos Nacionales de Salud de EEUU. Se trata de dinero de los contribuyentes de EEUU. Parece apropiado considerar que sus ciudadanos y los del resto mundo se beneficien.

Por último, se hace necesario considerar la propuesta de algunos expertos en salud y activistas estadounidenses para utilizar la Ley de Producción de Defensa para asegurar el suministro de vacunas para EEUU y el resto del mundo. «Por menos de lo que el gobierno de EEUU gasta diariamente en la respuesta al COVID-19», señala la organización de defensa de la salud PrEP4All, «se puede construir una instalación con capacidad de fabricación de vacunas de ARNm suficiente para vacunar a todo el mundo en un año, y cada dosis cuesta sólo 2 dólares. Cuando se ponga freno al COVID-19, estas instalaciones podrían mantenerse para futuras pandemias»^[9].

La argumentación de las farmacéuticas

La iniciativa propuesta por la India y Sudáfrica ha desencadenado un debate con acarolados argumentos tanto a favor como en contra. The Economist ha criticado la propuesta como «un gesto en el mejor de los casos vacío y en el peor, cínico»^[10]. Sin embargo, eminentes economistas, como Joseph Stiglitz^[11] y Jeffrey Sachs^[12], se han manifestado a favor de la renuncia a los DPI. La reacción de los países es mixta. La UE se ha mostrado dispuesta a discutir la exención de la vacuna COVID-19, pero Alemania lidera a quienes están en contra de levantar la protección de la propiedad intelectual^[13].

Las compañías farmacéuticas insisten en que no se necesita una exención ya que el marco actual de la OMC es lo suficientemente flexible como para permitir el acceso a la tecnología. También argumentan que una exención sería ineficaz, porque los fabricantes de los países en desarrollo carecen de los medios para producir la vacuna, socavaría los incentivos de investigación, reduciría las ganancias de las empresas occidentales y, además ayudaría a China y Rusia a vencer geopolíticamente a Occidente. Se oponen con vehemencia, afirmando que una exención sentaría un precedente terrible. Como era de esperar, el «mercado» les confirma su análisis. Así lo demuestra la fuerte caída en los precios de las acciones de los principales fabricantes de vacunas justo después del anuncio de la administración Biden de que participará en negociaciones de exenciones. Con una exención, se pondrán a disposición más vacunas, los precios bajarán y también las ganancias.

Datos a considerar

El citado J. Stiglitz reacciona con gran fuerza a la argumentación de las multinacionales de la salud. Aporta los siguientes datos.

Primero. Los fabricantes de vacunas de EEUU y Europa establecieron acuerdos de producción con compañías extranjeras, como el Serum Institute of India (el mayor productor de vacunas del mundo) y Aspen Pharmacare en Sudáfrica, y el hecho es que estas empresas no han tenido problemas para cumplirlos.

Segundo. La Coalición para las Innovaciones en la Preparación para Epidemias (CEPI) ha identificado ya unas 250 empresas que podrían fabricar vacunas. Recuerda la tajante denuncia del delegado de Sudáfrica en la OMC: «Los países en desarrollo tienen capacidades científicas y técnicas avanzadas. La escasez de producción y suministro de vacunas es causada por los propios titulares de derechos que imponen acuerdos restrictivos que sirven a sus propios fines monopolísticos anteponiendo las ganancias a la vida».

Tercero. La posición alternativa de las compañías farmacéuticas es afirmar que una exención no es necesaria a la luz de las «flexibilidades» existentes de la OMC. Señalan que las empresas de los países en desarrollo no han solicitado licencias obligatorias (aquellas con las que los gobiernos permiten a las empresas nacionales producir un artículo farmacéutico patentado sin el consentimiento del propietario de la patente). Pero esta supuesta falta de interés refleja el hecho de que las compañías farmacéuticas occidentales han hecho todo lo posible para crear marañas legales de patentes, derechos de autor y diseños industriales patentados y «exclusividades» de secretos comerciales que las flexibilidades existentes tal vez nunca puedan cubrir. Debido a que las vacunas de ARNm tienen más de 100 componentes en todo el mundo, muchos de ellos con alguna forma de protección de la propiedad intelectual, es casi imposible coordinar las licencias obligatorias entre países para esta cadena de suministro.

Cuarto. Otro factor detrás de la escasez de suministro de vacunas es el miedo, tanto a nivel empresarial como nacional. A muchos países les preocupa que Estados Unidos y la Unión Europea dejen de otorgarles fondos para su desarrollo o que incluso les impongan sanciones si emiten licencias obligatorias. Sin embargo, con una exención de la OMC, estos gobiernos y empresas estarían aislados de demandas corporativas, mandatos judiciales y otros desafíos.

Quinto. Afirman que una exención de propiedad intelectual reduciría las ganancias y desalentaría la investigación y el desarrollo futuros. De hecho sólo se eliminaría la opción de los grupos farmacéuticos monopolísticos de bloquear una producción mayor. Una exención aumentaría los incentivos para que las empresas farmacéuticas firmen acuerdos voluntarios. Incluso con una exención de la OMC, los fabricantes de vacunas pueden ganar mucho dinero. Se proyecta que los ingresos de la vacuna COVID-19 para Pfizer y Moderna solo en 2021 alcancen los 15 mil millones y 18,4 mil millones de dólares, respectivamente, a pesar de que los gobiernos financiaron gran parte de la investigación básica y proporcionaron fondos iniciales sustanciales para llevar las vacunas al mercado.

Entiende Stiglitz que el problema para la industria farmacéutica no es que los fabricantes de medicamentos se vean privados de un alto rendimiento de sus inversiones; es que se perderán las ganancias del monopolio, incluidas las de futuras inyecciones de refuerzos anuales que sin duda se venderán a precios elevados en los países ricos.

Sexto: El último recurso de la industria es argumentar que una exención ayudaría a China y Rusia a obtener acceso a una tecnología estadounidense. Pero las vacunas no son una creación estadounidense. La investigación en colaboración entre países sobre el ARNm y sus aplicaciones médicas se ha llevado a cabo durante décadas desde que la científica húngara Katalin Karikó hizo el avance inicial en 1978. La tecnología de ARNm de la vacuna producida por Pfizer es propiedad de BioNTech (una empresa alemana fundada por un inmigrante turco y su esposa), que ya otorgó al productor chino Fosun Pharma una licencia para fabricar su vacuna.

Concluye Stiglitz que es de preocupar la incapacidad de Estados Unidos de desarrollar una diplomacia COVID-19 constructiva. Hasta la fecha ha estado bloqueando las exportaciones de vacunas que ni siquiera está usando. Solo cuando una segunda ola de infecciones comenzó a devastar la India, consideró oportuno liberar sus dosis de AstraZeneca sin usar. Mientras tanto, Rusia y China no solo han puesto a disposición sus vacunas, sino que se han involucrado en una transferencia significativa de tecnología y conocimiento, forjando asociaciones en todo el mundo y ayudando a acelerar el esfuerzo mundial de vacunación.

Unas consideraciones al respecto

El acceso desigual a las vacunas amenaza vidas en todas partes. Cuantas menos personas se vacunen a nivel mundial es más probable que surjan variantes resistentes a las vacunas. Si las pandemias de COVID-19 y VIH nos han enseñado algo, es que los virus no conocen fronteras. Cuanto más permitamos que se propaguen estas variantes más personas morirán. La única forma en que podemos garantizar nuestra seguridad y la reapertura de nuestra economía es mediante la vacunación mundial.

Para lograrlo, hay que fabricar, distribuir y administrar más de 8.000 millones de dosis, y la cuestión se centra en cómo gestionar esta emergencia dado el actual marco legal de protección de los DPI^[14].

Después de años de apasionadas campañas y millones de muertes en la epidemia del VIH / SIDA, los países de la OMC convinieron en la necesidad de otorgar licencias obligatorias de propiedad intelectual para garantizar el acceso a los medicamentos. La Declaración de Doha de la OMC sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, de 1994, y el acuerdo entre los miembros de la OMC de 2001, otorgan el derecho a dar licencias obligatorias en una emergencia nacional, incluida una crisis de salud pública. «Sin embargo, existe el requisito de pagar royalties a las compañías farmacéuticas, que nunca renunciaron a hacer todo lo posible para defender este principio. Es en parte debido a la tacañería de la industria farmacéutica que necesitamos una exención en primer lugar. Si el régimen de propiedad intelectual farmacéutica imperante hubiera sido más complaciente, la producción de vacunas y tratamientos ya se habría incrementado»^[15].

Los críticos de la liberación de las patentes argumentan que los precios son demasiado altos para brindar acceso a los países más pobres. Entienden que los gobiernos deben financiar toda la innovación directamente y recibir los productos al costo de fabricación. El punto clave es que el pago de los gastos de investigación y desarrollo esté separado del suministro de productos. Las patentes no deberían significar precios universalmente altos. Deberíamos esperar precios diferenciales o escalonados. Los costos de investigación y desarrollo se recuperan de los países más ricos que pagan precios más altos, lo que refleja la valoración de la salud de sus ciudadanos. Los países más pobres obtienen precios cercanos o iguales a los costos de fabricación.

Esta es su posición, pero otra es la realidad. Las recientes promesas de estas compañías de procurar dosis de vacunas a las poblaciones de mayor riesgo en los países más pobres pueden aliviar su sentimiento de culpa, pero no contribuirán significativamente al suministro global. Con todo, algo parece moverse y hay signos esperanzadores. El pasado 22 de mayo de 2021, con ocasión de su visita al Santo Padre, Ursula von der Leyen declaró: «El Team Europe se comprometió a proveer 100 millones de dosis a Covax. Es fundamental proveer ahora de dosis de vacunas gratuitas, porque escasean en todas partes. […] Nuestros socios BioNtech-Pfizer, Johnson&Johnson y Moderna se comprometieron a distribuir este año 1.300 millones de dosis a título gratuito y a precios reducidos. Estas tres vías – exportación, donación y asociaciones con industriales – tienen como prioridad la construcción de plantas para la producción de vacunas en África […], obviamente no a corto plazo»^[16].

¿Cuál es la naturaleza de esta situación? ¿Es un conflicto de intereses, el individual frente al colectivo? Aparentemente sí: la propidad privada, entendida como un derecho absoluto de los DPI, frente al derecho a la salud que exige disponer perentoriamente de los medios que la garantizan. Una verdad se impone: La única forma de salir de la crisis actual es una vacuna de acceso universal; nadie está protegido hasta que no estemos protegidos todos.

La gravisima acusación que se repite es que las farmacéuticas son meramente entidades con fines de lucro centradas principalmente en las ganancias, no en la salud global^[17]. Que ha quedado evidenciado su ser, que su objetivo es simple: mantener tanto poder de mercado como sea posible durante el mayor tiempo posible para maximizar las ganancias. En estas circunstancias, corresponde a los gobiernos intervenir más directamente para resolver el problema del suministro de vacunas. En los ordenamientos jurídicos de los países occidentales el derecho de propiedad no es absoluto, tiene una referencia esencial al bien común, de ahí la institución jurídica de la expropiación (que se practica, por cierto, garantizando una compensación, una indemnización). Por su parte, la Doctrina Social de la Iglesia ha afirmado siempre la función social de la propiedad. San Juan Pablo II escribió: «La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la entera creación: el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes» (Laborem Exercens, n. 14).

La mayoría de los ciudadanos consideramos la salud como un «derecho». Creemos que una persona enferma debería tener acceso a servicios médicos independientemente de sus ingresos. Por ello nos horrorizamos cuando se nos dice que a una persona gravemente accidentada o con una enfermedad seria no se le ha admitido en un hospital por no tener dinero o seguro médico. Dado que los servicios de salud son necesidades esenciales y las personas tienen derecho a recibirlos, esta realidad está en conflicto directo con la idea de que el dinero sea el único determinante de la distribución de los servicios de salud.

¿Quién puede negar que que la salud es una prioridad nacional y una responsabilidad de los gobiernos? Estamos hablando del bien común: este es el concepto clave. La Doctrina Social de la Iglesia formula con claridad los siguientes puntos:

– «La responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política» (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 168).

– «Las exigencias del bien común atañen […] a la prestación de los servicios esenciales para las personas, algunos de los cuales son, al mismo tiempo, derechos del hombre: como la alimentación, habitación, trabajo, educación, acceso a la cultura, transporte y salud» (ibid, n. 166).

– «Sin olvidar la contribución que cada Nación tiene el deber de dar para establecer una verdadera cooperación internacional, en vistas del bien común de la humanidad entera, teniendo en mente también las futuras generaciones» (ibid, n. 166).

Viniendo a la cuestión que nos ocupa, la propia doctrina social de la Iglesia establece: ^«Los empresarios y los responsables de los entes públicos que se ocupan de la investigación, la producción y el comercio de los productos derivados de las nuevas biotecnologías deben tener en cuenta no sólo el legítimo beneficio, sino también el bien común. Este principio, que vale para toda actividad económica, resulta particularmente importante cuando se trata de actividades relacionadas con la alimentación, la medicina, la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud […]. Los empresarios y los responsables de los entes públicos interesados pueden orientar, con sus decisiones, el sector de las biotecnologías hacia metas con un importante impacto en lo que se refiere a la lucha contra el hambre, especialmente en los países más pobres, la lucha contra las enfermedades» (ibid, n. 478).

Muchos aspectos del sistema sanitario – desde las enfermedades transmisibles al desarrollo de la ciencia básica para lograr tratamientos eficaces, pasando por la necesaria autorización de las agencias estatales de sanidad de los nuevos fármacos –, son bienes públicos que el mercado no provee de modo eficiente. Las justificación de la intervención pública en el sector sanitario se basa en consideraciones de eficacia y de equidad. Es capital comprender la relevancia de los límites del mercado, el hecho de que estamos tratando de un bien público con enormes externalidades. La salud individual contribuye a la salud grupal y viceversa.

Dado el papel fundamental del sector público, el reto para la UE y los EEUU es gobernar la innovación en salud, dirigiendo la investigación, obteniendo precios justos, asegurando que las patentes y la competencia funcionen según lo previsto, estableciendo las condiciones para la reinversión y salvaguardando el suministro de medicamentos. Lograr una prosperidad compartida por toda la humanidad nos exige reconocer que «la salud es riqueza», que somos tan saludables como nuestros vecinos y que nadie está protegido hasta que todos estén protegidos.

Una reflexión sobre nuestra responsabilidad

Queremos acabar recordando dos hechos. El primero, los errores y neglicencias en los primeros momentos de la pandemia; el segundo, la situación creada por el las limitaciones en el suministro mundial de vacunas y las desigualdades evidenciadas en la distribución.

Cuando surge una calamidad se siente con gran fuerza el escándalo del mal. Si Dios es Padre todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno y tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? No es este el lugar y el momento para diducidar este tema. Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica «No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte respuesta a la cuestión del mal» (n. 309).

Ante un mal crónico, una pandemia como la del hambre, tenenemos una respuesta en el Evangelio: «dadles vosotros de comer» (Lc, 9,13). Sed providentes los unos de los otros, esto es, cuida de tu hermano, cura su enfermedad. Sin embargo, hubo negligencia al comienzo y ahora hay insensibilidad y avaricia.

Don Quijote, en conversación con Sancho, tras encontrarse sin nada que llevarse a la boca, le recuerda que «Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar, y más andando tan en su servicio como andamos, pues no falta a los mosquitos del aire ni a los gusanillos de la tierra» (Don Quijote de la Mancha, I,18). En otra ocasión le había dicho: «Encomendadlo a Dios que todo se hará bien, y quizá mejor de lo que vos pensáis; que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios» (II,3). Cuando Sancho le comenta que ha oído decir que «esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y, sobre todo, ciega, y así, no ve lo que hace, ni sabe a quién derriba, ni a quién ensalza», don Quijote le responde: «Lo que te sé decir – Sancho – es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso, sino por particular providencia de los cielos, y de aquí viene lo que suele decirse: que cada uno es artífice de su ventura»^[18] (II, 66). Para Cervantes no hay contradicción alguna, porque la providencia no quita en absoluto la libertad, y el ser humano es el único responsable de la actitud o postura que tome ante las cosas que le sucedan.

Estamos en medio de una catástrofe y sería una gran desventura para todos que la UE y los EEUU no esten a la altura de la situación y sean artífices de su solución. Nadie está protegido hasta que no estemos protegidos todos. No facilitar una vacunación universal no se sostiene bajo ningún punto de vista. De no hacerlo, serán recordados siempre como insensibles y egoístas.

1. Cfr H. Clark – E. Johnson Sirleaf, Main Report. COVID-19: Make it the Last Pandemic (theindependentpanel.org/mainreport). ↑
2. Cfr J. Ghosh, «Next Steps for a People’s Vaccine», en Project Syndicate (www.project-syndicate.org/commentary/us-wto-waiver-expanded-productionknowledge-sharing-by-jayati-ghosh-2021-05), 7 de mayo de 2021. ↑
3. Cfr apps.who.int/iris/handle/10665/84367 ↑
4. Cfr M. Mazzucato – R. Grynspan, «Biden and the Promise of the People’s Vaccine», en Newsweek (www.newsweek.com/biden-promise-peoplesvaccine-opinion-1568259), 19 de mayo de 2021. ↑
5. Cfr L. Cornish, «Interactive: Who’s funding the COVID-19 response and what are the priorities?», en DEVEX@WHA 2021 (www.devex.com/news/interactive-who-s-funding-the-covid-19-response-and-what-are-the-priorities-96833). ↑
6. Cfr R. Grynspan, «Vacunas, un bien público global», en El País (elpais.com/economia/2021-02-20/vacunas-un-bien-publico-global.html), 21 de febrero de 2021. ↑
7. «Open Letter: Former Heads of State and Nobel Laureates Call on President Biden To Waive Intellectual Property Rules for COVID Vaccines», 14 de abril de 2021, en www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2021/april/20210414_letterwaive-intellectual-property-rules-COVID-vaccines ↑
8. Cfr J. Ghosh, «Next Steps for a People’s Vaccine», cit. ↑
9. PrEP4All, «Hit Hard, Hit Fast, Hit Globally», 19 de marzo de 2021, en www.prep4all.org/news/hit-hard-hit-fast-hit-globally ↑
10. «Ten million reasons to vaccinate the world», en The Economist (www.economist.com/leaders/2021/05/15/ten-million-reasons-to-vaccinate-the-world),15 de mayo de 2021. ↑
11. Cfr J. E. Stiglitz – L. Wallach, «Will Corporate Greed Prolong the Pandemic?», en Project Syndicate (www.project-syndicate.org/onpoint/big-pharma-blocking-wto-waiver-to-produce-more-covid-vaccines-by-joseph-e-stiglitz-andlori-wallach-2021-05), 6 de mayo de 2021. ↑
12. Cfr J. D. Sachs, «Share the Intellectual Property on COVID-19», en Project Syndicate (www.project-syndicate.org/commentary/covid19-intellectual-propertywaiver-is-a-moral-imperative-by-jeffrey-d-sachs-2021-04), 29 de abril de 2021. ↑
13. Cfr Euronews – AP, «COVID-19 vaccine patents: EU nations divided over lifting intellectual property rights», en Euronews (www.euronews.com/2021/05/06/us-backs-waiver-on-intellectual-property-rights-for-covid-19-vaccines), 17 de mayo de 2021; M. Berdud – M. Jofre-Bonet – D. Kourouklis – A. Towse, «Would Waiving COVID-19 Vaccines Patents Save Lives?», en OHE (www.ohe.org/news/would-waiving-covid-19-vaccines-patents-save-lives), 18 de mayo de 2021. ↑
14. Para un tratamiento detallado de este argumento, cfr K. Reinert, International Economics, Cambridge, Cambridge Universty Press, 2021, 155-159. ↑
15. J. E. Stiglitz – L. Wallach, «Will Corporate Greed Prolong the Pandemic?», cit. ↑
16. M. Galgano, «A fianco della Santa Sede su clima e salute», entrevista a Ursula von der Leyen, en L’Osservatore Romano, 22 de mayo de 2021. ↑
17. Una aseveración tanto de Stiglitz como de Sachs. ↑
18. Cfr M. de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999, www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc7m055 ↑